Carta a Alta Comisionada de Derechos Humanos

Caracas, 29 de mayo de 2021

Excelentísima
Dra. Michelle Bachelet
Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Ginebra

De nuestra consideración

Como organizaciones de la Sociedad Civil venezolana queremos hacerle llegar nuestra inquietud ante las recientes violaciones a los derechos humanos que se han venido produciendo en el país, muy especialmente, a los derechos a la vida, la salud, la no discriminación y a la equidad en el acceso a los servicios, en el marco de la COVID 19.

El pasado 12 de mayo de los corrientes fue denunciado, con testimonios y registros fotográficos, que en una jornada para la vacunación contra la COVID 19, a realizarse en el Puesto de Vacunación, ubicado en la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera, en la ciudad de Valencia, estado Carabobo, médicos y personas de la tercera edad no fueron vacunados por no estar registrados en el Sistema Patria. Luego de una espera de varias horas, el personal a cargo de esta jornada colocó un aviso, en la parte exterior de las instalaciones, en las que se exigía como requisito para ser vacunado, la referida inscripción. A los efectos de hacer cumplir con esta providencia fue destacado en el lugar personal policial.

En Venezuela existe un antecedente similar cuando se pretendió exigir el documento denominado Carnet de la Patria en campañas de vacunación. El 7 de septiembre del 2017, en el marco del Programa Ampliado de Inmunizaciones, el vicepresidente de la Republica en ejercicio, Tareck El Aisami, declaró: «Se han administrado más de 2 millones de vacunas a 1 millón de personas, esto por el Plan Nacional de Vacunación. Hay 15.319 puntos de vacunación en todo el país, así que, si usted o un familiar necesita una vacuna, de manera gratuita, con el carnet de la patria se le suministrará la vacuna«. Esta medida fue suspendida luego de que la Sociedad de Puericultura y Pediatría de Venezuela rechazara tales declaraciones y enviara comunicaciones al mismo vicepresidente, al Defensor del Pueblo y a la Opinión Pública Nacional en las que les solicitaba desistir de la implementación de la medida anunciada. Iniciativa que fue acompañada por la Organización No Gubernamental, Alianza Venezolana Por La Salud.

El personal de salud y los adultos mayores que se movilizaron al Puesto de Vacunación ubicado en la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera, lo hicieron por motivos distintos, el primero, porque, a pesar de ser considerado como perteneciente al primer y segundo de los grupos priorizados, de la primera fase del proceso de vacunación iniciado el 18/2/2021 -tal como lo señala la Tabla 6, intitulada Priorización de grupos beneficiarios para la vacunación contra la Covid-19, República Bolivariana de Venezuela,2021; contenida en el documento denominado Plan Nacional para la introducción y despliegue de la vacuna contra COVID-19, República Bolivariana de Venezuela, cuya copia anexamos-, a los 101 días de haber comenzado la vacunación, aún hay parte de este personal que no ha sido vacunado.

El segundo, por haberse enterado que algunos adultos mayores residentes en el estado Carabobo habían sido convocados a vacunar y que esta información fue difundida por las Redes Sociales.

La información descrita tiene el propósito de proporcionarle elementos que le permitan contextualizar la situación particular de los eventos ocurridos que motivan esta comunicación, relacionada con el hecho que miembros del personal de salud del estado Carabobo -que podría ser extensiva al resto del personal de salud del país que trabaja, en el sector público y privado en Venezuela- reclama su derecho a ser vacunado, y que ese derecho se garantice en el orden de prioridades establecido en el documento citado que aún no ha sido publicado ni divulgado. Se separa la situación del personal de salud de la de los adultos mayores, en lo que a vacunación contra la COVID-19 se refiere, porque en el caso del personal de salud no se tiene evidencia alguna, de que el criterio de selección para ser vacunado esté relacionado con el uso del Sistema Patria o la exigencia del Carnet de la Patria.

El incumplimiento de la meta de vacunación en el documento arriba mencionado, tiene consecuencias negativas para el personal de salud residente en Venezuela. De acuerdo con la Actualización Epidemiológica Enfermedad por Coronavirus (COVID-19) , emanada de la OPS, el 9 de febrero del 2021, este personal ocupa la posición más elevada en el índice de letalidad por COVID-19, 7,21%, 14,5 veces el promedio del total, entre los países del continente americano, con el agravante que esta situación ocurre en el contexto de no haberse respetado la priorización de grupos beneficiarios para la vacunación contra la COVID-19, en razón del mayor riesgo por exposición, que aparece transcrita en el documento citado, un ejemplo de ello lo constituye el caso de los parlamentarios de la Asamblea Nacional electa en el 2020 y los miembros del Gabinete Ejecutivo, quienes pese a estar ubicados en el orden de prioridades 17, fueron vacunados mucho tiempo antes de la convocatoria prevista.

A este contexto se agrega la inexistencia, hasta el presente, de un Plan Oficial de Vacunación, y del envío de circulares por autoridades del Ministerio del Poder Popular para la Salud, tal como la anexa a esta comunicación, donde se señala que para la primera fase de la vacunación «el grupo prioritario está representado por los/as TRABAJADORES/AS DE SALUD DE PRIMERA LÍNEA que laboran en los centros centinelas para la atención y tratamiento de pacientes con SARS-CoV-2»; y que «posteriormente se abordarán otros grupos priorizados vulnerables y el resto de la población». Todo ello en el marco de una disponibilidad de vacunas restringida, debida a que el número de dosis que ha ingresado al país hasta ahora, no supera la cantidad de 2.240.000.

Por las razones expuestas, las Organizaciones firmantes, teniendo presente que,

1. La salud es un bien supremo y derecho inalienable de todos los seres humanos, sin distinción de clase, ideología, raza, género, color, preferencias o condición.
2. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que la salud es un derecho social fundamental, parte del derecho a la vida, que debe ser garantizado por el Estado a través de un sistema público nacional regido por los principios de equidad, gratuidad, universalidad, integralidad, integración social y solidaridad, en el cual se dará prioridad a la promoción de la salud, la prevención de las enfermedades, el tratamiento oportuno y la rehabilitación de la salud. Y que su artículo 84 señala: «La comunidad organizada tiene el derecho y el deber de participar en la toma de decisiones sobre la planificación, ejecución y control de la política específica en las instituciones públicas de salud».
3. El acceso a establecimientos, bienes y servicios de salud en Venezuela tiene carácter universal, siendo obligación del Estado garantizarlo.
4. El Ministerio del Poder Popular para la Salud, órgano rector en la materia, inició la vacunación el 18 de febrero de 2021 y aún no ha aprobado un Plan Oficial de Vacunación contra la COVID-19 en Venezuela, en el que se prioricen, de manera clara y sin ambigüedad alguna, los grupos a ser vacunados; ni tampoco ha definido los mecanismos de supervisión y control que contribuyan a preservar la transparencia en los procesos de toma de decisiones sobre su implementación, con la participación de ciudadanos pertenecientes a los grupos priorizados.

En virtud de su alto cargo solicitamos su indispensable intervención y buenos oficios para que, además de expresar su preocupación por lo expuesto en estas líneas, realice propuestas concretas e inmediatas ante el Estado venezolano para que este adopte medidas efectivas y oportunas dirigidas a:

• Respetar los derechos humanos de la población venezolana en general y, muy especialmente, el derecho a la vida, la salud, la no discriminación, la igualdad y la equidad.
• Aprobar y divulgar con carácter de urgencia, mediante el acto administrativo que considere adecuado, el Plan de Vacunación Oficial contra la COVID-19 de la República Bolivariana de Venezuela, cuya elaboración ha de atender los principios básicos del marco de valores para la asignación y priorización de la vacunación contra la COVID-19 del Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico de la Organización Mundial de la Salud.
• Proteger adecuadamente a los grupos de población que sufren una carga desproporcionada por la COVID-19, y que por tal razón son clasificados como priorizados, entre los cuales el personal de salud conforma la primera prioridad.
• Cumplir efectivamente la meta nacional de vacunados contra la COVID-19, consistente en 22.820.000 personas.

A la espera de su respuesta y gestiones le reiteramos nuestra más alta consideración y estima.

Con cordialidad,

FIRMAS EN DEPÓSITO